“Las azafatas del juez”: comienzan a definir la situación de un magistrado federal acusado de abuso sexual

Esta semana será clave para el futuro del juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, quien tiene varias denuncias por abuso sexual y acoso laboral a empleadas del tribunal. El Consejo de la Magistratura de la Nación debe resolver en qué comisión quedan los expedientes en los que ya declararon varios testigos y comprometieron al magistrado.

La decisión es si los expedientes tramitan en la comisión de Disciplina o en la de Acusación del Consejo. Parece algo de carácter administrativo pero tiene un peso mayor. Si quedan en la de Disciplina, la máxima sanción posible para Maraniello será la quita de una parte del sueldo por única vez. En la comisión de Acusación podría ser suspendido en el cargo y enviado a juicio político para ser destituido.

El tema se discutió la semana pasada y se aprobó una postergación, que se retomará este miércoles cuando la comisión se vuelva a reunir.

El juez Maraniello tomó repercusión pública cuando en septiembre pasado dictó un fallo en el que prohibió la difusión de una serie de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Fue duramente criticado como un acto de censura previa a la prensa finalmente la medida se levantó porque Milei retiró la causa.

Allí se conoció que Maraniello atravesaba una compleja trama de causas en el Consejo. Tiene expedientes abiertos por acoso y abuso sexual y maltrato laboral a empleadas de su tribunal y por presuntos desvíos de fondos a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que el juez presidía.

En esos expedientes declararon las víctimas que denunciaron y también jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal -el tribunal superior de los magistrados de primera instancia del fuero como Maraniello- que dieron cuenta de los hechos.

Uno de ellos fue Guillermo Antelo, quien se jubiló en agosto pasado. Antelo, quien fue presidente de la Cámara, contó que le tomó declaración a empleadas del juzgado, quienes dieron cuenta que allí regía una suerte de código de vestimenta: una empleada dijo que Maraniello le exigía “usar pollera y tacos”.

“Como secretaria privada, Maraniello todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba. Es algo impactante, inusitado, nunca vi nada igual”, contó Antelo en base a una de las victimas. También que la Cámara tuvo que intervenir porque el juez había puesto una cámara en la puerta del juzgado para controlar los movimientos, que finalmente se sacó.

Antelo también relató que la Cámara informó de todo a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) pero que no fue por una unanimidad porque otros dos integrantes del tribunal pedían prudencia sobre las denuncias.

“Existía un código de vestimenta para trabajar con él y que en ‘radio pasillo’ se las conocía como ‘las azafatas’, ‘las Maraniellas’ o ‘las putas del juez’. Tenían que tener un color de uñas determinado, tacos altos y un maquillaje excesivo”, declaró Florencia Nallar, también jueza de la Cámara.

En el Consejo, Nallar contó que se reunió con una de las empleadas del juzgado que se encontraba “en un estado deplorable, impactante” con mucho miedo de hablar y que no quería hacer una denuncia por miedo a la que traten de loca.

La víctima le contó a la jueza, según su relato, que Maraniello la convocó a su casa con excusas laborales. Nallar también hizo referencia a la cámara de seguridad instalada en la puerta del juzgado y que una funcionaria declaró que el magistrado destinaba recursos del juzgado para la asociación constitucional que presidía.

Sobre ese punto, Nallar señaló que le llamaba la atención que Maraniello siempre tenía cargos vacantes en su tribunal y que los empleados declararon que los ofrecía a quienes aceptaran también trabajar en esa asociación. Inclusive, sostuvo que una de las denunciantes fue echada por el juez.

Nallar contó otros detalles en su declaración. Dijo que en una oportunidad entró a la pagina web de la asociación que presidía Maraniello y le llamó la atención que un auspiciante era una obra social. Las obras sociales son de las entidades más denunciadas en el fuero civil y comercial federal. En la misma línea, Antelo dijo que en medios de comunicación se había publicado que el laboratorio de Ariel García Furfaro, procesado y preso en la causa del fentanilo adulterado, había pagado viajes y actividades de la entidad.

La situación del juez quedó por el momento trabada sobre donde van a tramitar las denuncias. La discusión se comenzó a dar la semana pasada cuando estaba previsto tratarse un planteo para que todas queden en la comisión de Acusación del Consejo, que preside el senador nacional Luis Juez.

“Considero que es un tema muy complejo para resolver”, dijo el abogado César Grau, titular de la comisión de Disciplina y que integra el bloque del kirchnerismo. Y pidió que se posterga la decisión.

“Yo me opongo. Hace 20 días estoy pidiendo la acumulación. Todos los expedientes tienen la misma temática, acoso sexual, acoso laboral, abuso sexual. No veo ningún elemento objetivo para no hacer lugar a la acumulación, salvo que haya alguna actitud corporativa que pretenda sustraer de la investigación alguna conducta”, criticó Juez.

Finalmente, cinco votos a favor de postergar la discusión y cuatro por rechazarla hicieron que el tema quede para la reunión de esta semana.